lunes, 11 de julio de 2016

Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas para las empresas

Desde que en Septiembre de 2015 los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron un plan con el objetivo de lograr un mejor futuro para todos -que contemple acabar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad e injusticia y proteger nuestro planeta-, en el corazón de la Agenda 2030 se encuentran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abordan los desafíos más importantes en materia económica, social, medioambiental y de gobierno. 


Los ODS brindan una aspiración poderosa para mejorar nuestro planeta y establecen adónde debemos ir colectivamente y cómo llegar hasta ahí. Es por eso que el negocio y la inversión responsable serán esenciales para lograr esta transformación. Para ello, el Pacto Mundial de Naciones Unidas o UN Global Compact (en inglés) solicita que las empresas primero hagan negocios de manera responsable y después encuentren oportunidades para resolver los desafíos sociales mediante la innovación y colaboración comercial, con el objetivo de no empeorar los problemas de nuestro mundo, sino por el contrario, tratar de mejorarlos. 
El UN Global Compact pide a las empresas que adopten, apoyen y promulguen -dentro de su esfera de influencia- un conjunto de valores fundamentales resumidos en Diez Principios en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción, que gozan de consenso universal y se derivan de declaraciones universalmente aceptadas: 


La Declaración Universal de los Derechos Humanos
1.- Las empresas deben respaldar y respetar la protección de Derechos humanos reclamados a nivel internacional
2.- Asegurarse de no ser cómplices de abusos de Derechos humanos

La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo
3.- Las empresas deben defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva
4.- La eliminación del trabajo forzado y obligatorio en todas sus formas
5.- La abolición efectiva del trabajo infantil
6.- La eliminación de la discriminación respecto del trabajo y el empleo

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
7.- Las empresas deberían respaldar un enfoque preventivo ante los cambios ambientales
8.- Emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad medioambiental
9.- Fomentar el desarrollo y difusión de tecnologías responsables desde el punto de vista ambiental

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
10.- Las empresas deberían trabajar contra la corrupción en todas sus formas, entre ellas la extorsión y el soborno

Si todas las empresas tomasen medidas fundamentales para respetar los derechos del empleado, no contaminar la tierra, el mar ni el aire, y negarse al soborno y la extorsión, haríamos un enorme progreso hacia el logro de los ODS. 


El respeto de los Diez Principios en todas las operaciones comerciales y las cadenas de suministro es un punto de partida para cualquier empresa que desee participar en los ODS de las Naciones Unidas. Los Diez Principios de UN Global Compact aportan un idioma universal para expresar la responsabilidad corporativa, entendido e interpretado a nivel mundial por más de 8.000 empresas, así como también un marco de trabajo que sirva de guía para todas las empresas, sea cual sea su envergadura, complejidad o ubicación. Los Diez Principios ofrecen elementos comunes para los socios, un código moral para los empleadores y una medida de responsabilidad para los críticos. 


miércoles, 6 de julio de 2016

Favorecer la autonomía de los jóvenes para reducir la reproducción social

    
FRANCE STRATÉGIE, en el marco de sus misiones de anticipación y de concertación, lanza el Proyecto 2017/2027 "Ver más largo, ver más claro". Proyecto en el que tiene como misión esclarecer los debates y proponer una reflexión sobre el futuro. En este marco se inscriben los retos de la próxima elección a la Presidencia francesa, y más allá, los retos de la década 2017-2027. Adoptando una perspectiva de diez años, una aproximación temática y una diligencia transparente, France Stratégie se centrará en suministrar las opciones colectivas sobre una serie de temas que le resultan esenciales, un diagnóstico confirmado y un inventario de opciones contempladas.

Dentro de las interesantes temáticas abordadas, vamos a tratar aquí la que concierne a la siguiente: "Juventud, envejecimiento: ¿qué políticas?", donde la primera cuestión planteada es la del diagnóstico, es decir: ¿Cuáles son las causas de la degradación de la situación relativa a los jóvenes? ¿El modelo social francés ha contribuido al crecimiento entre las edades? ¿Cómo explicar los arbitrajes colectivos desfavorables a los jóvenes? ¿Qué objetivos para orientar las políticas?. Y la segunda cuestión es la de las palancas de reformas, y las prioridades, esto es: ¿Cómo acompañar mas eficazmente a la juventud hacia la edad adulta? ¿Cómo articular inversión en la juventud y apoyo al envejecimiento? Gastos públicos, protección social, mercado de trabajo, alojamiento, representación ciudadana y política están en juego.

Camille Peugny, sociólogo y maestro de conferencias en la Universidad de Paris VIII, y autor del libro "El destino en la cuna. Desigualdades y reproducción social" (Seuil, 2013) escribe su aportación: 

Desde el comienzo de los años 1980, la tasa de paro de los jóvenes activos oscila entre el 15% y el 25%, alcanzando un nivel al menos dos veces más elevado que el observado para el conjunto de la población activa. Por otro lado, entre los jóvenes con empleo, la parte de los empleos precarios (temporales, subvencionados) se ha casi triplicado a lo largo de los treinta últimos años para alcanzar cerca del 35% a comienzos de los años 2010. Más allá del empleo, los indicadores no dejan de subrayar las dificultades a las que hacen frente numerosos sectores de la juventud.  

Un doble objetivo

Una verdadera revolución de las políticas públicas en dirección a la juventud es más deseable que nunca. Si está firmemente comprometida, debería responder a dos objetivos: contener las desigualdades entre las generaciones, a fin de velar para que las jóvenes generaciones no sean, en las sociedades occidentales envejecidas, las víctimas expiatorias de los largos años de crisis; pero igualmente reducir las desigualdades sociales dentro de las generaciones. En efecto, entre los jóvenes, las líneas de escisión son numerosas: en función del diploma, del origen social, del color de la piel o de su lugar de residencia. En un contexto económico muy degradado, los recursos económicos y culturales heredados de los padres permanecen decisivos, nutriendo una reproducción social persistente: al comienzo de los años 2010 y algunos años después del final de sus estudios, el 70% de los hijos de obreros ejercen un empleo subalterno, de empleado o de obrero, mientras que el 70% de los hijos de directivos ejercen un empleo de directivo o una profesión intermedia. Para alcanzar este doble objetivo, y más allá de las medidas de urgencia, las políticas públicas en dirección a la juventud deberían sobre todo apoyarse en dos pilares: el fin de las barreras de edad en materia de protección social, por una parte, y la instauración de una verdadera política de acceso a la autonomía de los jóvenes para acompañar la transición entre los estudios y el empleo, por otra. 

Abrir los derechos desde los 18 años


Poner fin a las barreras de edad en materia de protección social constituye una prioridad creciente en tanto la pobreza se extiende en los grupos de edad más jóvenes. Si las tasas de pobreza más elevadas se observaban en los años 1970 entre los más mayores, a partir de ahora son los jóvenes los que las alcanzan, puesto que el 20% de los jóvenes de 18 a 25 años tienen recursos que les sitúan por debajo del umbral de pobreza en el nivel del 60%, según el Instituto nacional de estadística y estudios económicos de Francia (INSEE). A pesar de esta realidad alarmante, los menores de 25 años no pueden siempre beneficiarse del Ingreso de Solidaridad Activa (RSA, en su siglas en francés) en las mismas condiciones que el resto de la población. Sus derechos son incluso contemplados bajo criterios muy estrictos (haber trabajado 2 años a tiempo completo en el curso de los tres años precedentes a la demanda) y solo algunos millares de jóvenes se benefician de ello. Más allá de la urgencia social que justifica por sí sola el fin de esta discriminación según la edad, va igualmente la sincronización de las diferentes edades de la mayoría: a los 18 años, todo ciudadano debe abrirse al conjunto de los derechos políticos y sociales, así como a los deberes relacionados con ellos. 

Bonos "autonomía"

La instauración de un verdadero dispositivo universal de acceso a la autonomía de los jóvenes constituye el segundo pilar de esta revolución de las políticas públicas. Concretamente se trataría de inspirar dispositivos puestos en marcha en los países escandinavos, y sobre todo en Dinamarca, donde cada joven que alcanza sus estudios superiores tiene derecho a 60 bonos mensuales de formación sin condición previa de recursos. El subsidio es de un nivel elevado, próximo a los 800 euros, y se puede combinar con una ayuda al alojamiento. Punto importante: estos bonos mensuales pueden ser "consumidos" en varias veces, lo que favorece las idas y venidas entre la formación y el empleo, y suaviza la transición entre el fin de los estudios y la entrada en el mercado de trabajo. No es sin embargo la única ventaja de este dispositivo. Favorece evidentemente el acceso a la autonomía de los jóvenes permitiendo que su trayectoria no sea estrechamente determinada por el nivel de recursos de sus padres. Permite igualmente a los jóvenes "encontrarse" y tomar su tiempo en su derecho a la duda y al error: pueden escoger dos caminos, reorientarse, ir a trabajar, o volver a la universidad a formarse. 


Sin que sea cuestión de duplicar este dispositivo exactamente idéntico en Francia, su interés sin embargo parece bastante claro porque permitiría aflojar una doble tuerca en la cual están prisioneras las trayectorias de los jóvenes franceses: la rigidez del sistema educativo y la desfamiliarización del acceso a la autonomía. Los defectos del sistema educativo son conocidos: mientras que es imposible frenar las desigualdades sociales, sus veredictos son decisivos porque el diploma ejerce una muy fuerte influencia sobre el conjunto de la carrera profesional.  En cuanto a la enseñanza superior, un dispositivo de este tipo fomentaría la consecución de los estudios de los hijos de las clases populares y disminuiría la extrema tensión que reina alrededor de los diplomas, puesto que las segundas y las terceras oportunidades serían también autorizadas. Evidentemente, este dispositivo no puede por si solo asegurar una real democratización escolar, y debería acompañarse de una política vigorosa y resolutiva de lucha contra las desigualdades sociales de éxito y de cursos escolares desde la escuela primaria. Por otra parte, más allá de ésto que se dilucida en el campo escolar, un dispositivo de esta naturaleza traerá una paralización a la desfamiliarización del acceso a la autonomía de los jóvenes en Francia. Si el Estado no está totalmente ausente, vía las becas o ayudas al alojamiento para los estudiantes, fuerza es constatar que lo esencial de los costos de acceso a la autonomía de los jóvenes reposa sobre las familias, lo que favorece por definición la reproducción de las desigualdades. Podemos observar, por lo tanto, cómo este dispositivo de acceso a la autonomía de los jóvenes contribuye a reducir las desigualdades sociales dentro de las generaciones. Pero constituye igualmente un arma esencial para reducir la brecha que crece entres las edades en materia de gasto público, y así reducir las desigualdades que se ensanchan entre las generaciones...

Como la vejez y la dependencia, el acceso a la edad adulta es una edad frágil de la vida. La toma de autonomía que aquí se juega no debe ser dejada solo al mercado o solo a la familia. Por ésto es importante que este derecho sea universal y vaya en el mensaje que sociedades envejecidas envían a sus juventudes. Se trata de reconocer ciudadanos que no existen solamente por las condiciones de su nacimiento, sino por la mirada que la sociedad pone sobre ellos: individuos libres que hay que acompañar por el camino de una verdadera autonomía, tanto financiera como social. El financiamiento de un dispositivo tal no constituye un obstáculo insalvable a medio término. Sustituiría notablemente a un cierto número de micro-dispositivos que constituyen las mil hojas de las políticas en dirección a la juventud en Francia. A modo de ejemplo, para 36 bonos mensuales de un montante de 500 euros, el costo anual para el presupuesto del Estado ha sido estimado en 4 millones netos. Ver Terra Nova "La autonomía de los jóvenes al servicio de la igualdad", noviembre 2010.